Como un punto oscuro que se cierne sobre la
mesa de diálogo, calificaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) la decisión del
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de ratificar la
exclusión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta disposición
—alegan— impacta negativamente en las conversaciones de paz.
Al iniciarse el vigésimo segundo ciclo de
diálogos que mantienen con el Gobierno de Colombia desde hace
más de un año en La Habana, las FARC-EP rechazaron lo que
catalogaron de «absurda decisión política».
Ante la prensa, el Jefe de la delegación
insurgente, Iván Márquez, afirmó que resulta casi imposible «desligar
esta determinación de los propósitos electorales» de la derecha
en Colombia.
Santos confirmó el miércoles la separación
de Petro y anunció que su Gobierno no se acogía a las medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
a favor del alcalde.
La remoción del funcionario de 53 años, ex
guerrillero del M-19 y elegido por voto popular para el periodo
2012-2015, había sido dictada desde el 9 de diciembre de 2013,
cuando el Procurador General, Alejandro Ordóñez, lo destituyó e
inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, tomando
como justificación supuestas irregularidades en la puesta en
marcha de un nuevo esquema de limpieza de la ciudad de Bogotá,
ideado por el ahora ex alcalde.
Según Márquez, esta decisión «genera un
impacto muy negativo» en la mesa de conversaciones y afecta de
manera grave la confianza, certeza y eficacia en torno a lo que
se está aprobando. Se refería de esta forma a lo acordado entre
las partes en el punto anteriormente tratado, sobre
Participación Política, donde se ajustaron «los términos para
expandir la democracia en Colombia», aseveró.
Este tipo de conductas y decisiones no «favorecen
la democracia: aquí hay un desconocimiento de la voluntad
popular que llevó a Petro a la alcaldía de Bogotá», añadió.
Asimismo, culpó al Procurador General, y
lo tildó de «funcionario arbitrario e inicuo» que solo castiga a
los opositores al régimen y asume posiciones cómplices frente a
los crímenes de una élite derechista.
Por otra parte, y en respuesta a preguntas
de la prensa, Márquez afirmó que la delegación de las FARC-EP en
La Habana no cuenta con «información cierta» sobre el supuesto
asesinato de dos policías y el secuestro de cinco trabajadores
de una empresa petrolera en Colombia, hechos que el Gobierno
atribuye a la guerrilla.
En ese sentido, recalcó la necesidad de un
alto al fuego bilateral en el país, petición que las FARC-EP han
formulado en disímiles ocasiones desde que se iniciaron los
diálogos en noviembre de 2012 y que el Gobierno, asumiendo una
actitud «equivocada, mala y contumaz», ha rechazado siempre,
señaló el Jefe insurgente.
Antes, en una declaración leída a la
prensa por el propio Iván Márquez, la insurgencia enfatizó la
necesidad de crear una comisión de la verdad histórica del
conflicto interno colombiano, tal como se ha desarrollado en
otras naciones del mundo, con el objetivo de establecer
responsables y víctimas de más de medio siglo de conflicto
armado.
Para el final de este nuevo período de
diálogo se espera se cierre el tercer tema de la agenda,
referido a los cultivos ilícitos, que ya se vienen debatiendo
desde fines de 2013.