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El Nuevo Herald Another question for Giuliani By ALEJANDRO ARMENGOL Republican presidential candidate and former New York City Mayor Rudy Giuliani has just visited Miami. In the afternoon he talked to his followers at Hialeah’s La Carreta coffee shop, while in the evening he attended a fundraising dinner organized by a committee which included Feliciano M. Foyo, Alberto M. Hernández, Carlos M. Musibay, Laura de Oña Suárez, Diego R. Suárez and Felipe A. Valls, among others. The price to take part in the dinner – held at Mr. and Mrs. Suárez’s residence – and get your photograph taken with the politician, was established according to two categories: hosts ($9,200 per couple or $4,600 per person) and sponsors ($4,600 or $2,300, respectively). From the popular Hialeah to the exclusive Coral Gables, Giuliani did as any other candidate intent on winning the ticket would do, be they Republican or Democrat. Thus, he had to cope with one or two difficult questions, in his case whether his law firm has ever done business with Venezuelan president Hugo Chávez’s government. Giuliani’s reply was skillful enough to avoid lying and dodge any moral definitions. He said that on several occasions his firm has represented CITGO, which he defined as ''an honorable U.S. company'', according to Rui Ferreira’s report published here last Friday. In keeping with U.S. law, CITGO is a national company with exclusive control over distribution of Venezuela’s oil, and the owner of six refineries and 14,000 gas stations across the country. Yet, as stated by El Nuevo Herald and repeatedly assured by president Chávez in various public appearances, CITGO is but a subsidiary of Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). In other words, the Republican candidate told the truth. However, there’s also an ideological and ethical side to it all which remained unanswered: how can someone with Giuliani’s Republican background ever make any kind of economic deals with Chávez’s government? There’s another question Giuliani never had to answer during this visit to Miami but will most likely be asked any day now: his opinion about Luis Posada Carriles. Back in the days when Giuliani was U.S. Attorney for New York City’s Southern District, his law firm prosecuted several high-profile cases ranging from the prosecution of the alleged “godfathers” of New York’s so-called Five Families, to the dismantling of a drug ring in the case known as the ''Pizza Connection'' involving traffickers who brought $1,6 worth of heroin into the U.S. Furthermore, he gained prominence by prosecuting and convicting terrorist group Omega 7 leader Eduardo Arocena. Accused of plotting to kill a Cuban diplomat and putting bombs in Miami and Manhattan, Arocena got a life sentence plus 35 years in prison, and an additional 20-year sentence later on. Among the charges against him were conspiracy to manufacture illegal weapons and 22 charges of possession, as well as one of conspiracy to make bombs, and 23 charges related to explosives or their planting. Arocena’s picture as a dangerous terrorist is not welcomed amidst the so-called “hard-line” exiles. In fact, they constantly demand his release, albeit unsuccessfully so far. Arocena’s conviction was not an isolated occurrence: there are other exiles doing time for similar actions. Even if the policy of sabotage and violence seems to have been ditched by most exile organizations, members who were once engaged in activities now deemed terrorist acts are still held in high regard. So the distinction between ''patriot'' and ''terrorist'' stems from ideological criteria. On the other hand, although most assassination attempts and bombings took place decades ago, a number of these people have notched up rather recent acts of violence, some of which are still to be resolved in court. For all the obvious differences in specific facts, circumstances and cases, Arocena’s actions are based on the same strategies, tactics and principles used by Posada Carriles and the other exiles convicted and then pardoned in Panama. From an ethical viewpoint, former Attorney Giuliani must reject any action tagged as terrorism today. This is all the more so if we keep in mind that he earned a reputation as a symbol of courage and endurance shown by New York City following the attacks of September 11, 2001.
Therefore, I hope
that Giuliani, who aspires to become the next U.S. president, will have
to answer the following question sooner rather than later: What’s your
opinion about the actions undertaken by Luis Posada Carriles and his
acolytes? |
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| El Nuevo Herald
Publicado el lunes 25 de junio del 2007 Otra pregunta a Giuliani By ALEJANDRO ARMENGOL El aspirante a la candidatura presidencial republicana, el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, vino de visita a Miami. Giuliani estuvo por la tarde en la cafetería La Carreta de Hialeah, donde habló a sus simpatizantes, y por la noche participó en una cena de recaudación de fondos, organizada por un comité entre los que se encontraban Feliciano M. Foyo, Alberto M. Hernández, Carlos M. Musibay, Laura de Oña Suárez, Diego R. Suárez y Felipe A. Valls, entre otros. El precio por participar en la cena y poder tomarse una fotografía con el político fue de acuerdo a dos categorías. En la categoría anfitrión: $9,200 por pareja o $4,600 por persona. En la de patrocinador: $4,600 por pareja o $2,300 por persona. Esta tuvo lugar en la residencia del matrimonio Suárez. De la popular Hialeah al exclusivo Coral Gables, Giuliani hizo lo mismo que cualquiera que busca triunfar en las urnas, republicano o demócrata. También al igual que cualquier otro aspirante a la presidencia, tuvo que enfrentar alguna que otra pregunta difícil. En este caso, si su bufete ha tenido negocios con el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez. El ex alcalde respondió con habilidad para no mentir y capacidad para esquivar una definición moral. Afirmó que su bufete ha representado en diversas operaciones a la firma CITGO, que definió como ''una empresa estadounidense honorable'', de acuerdo al reportaje de Rui Ferreira publicado en este periódico el viernes pasado. De acuerdo a la ley norteamericana, CITGO es una empresa nacional que tiene el monopolio de la distribución del crudo venezolano. Es dueña de seis refinerías y 14,000 estaciones de gasolina en todo el país. Sin embargo, como se aclara en la información de El Nuevo Herald, según la legislación venezolana --y el presidente Chávez lo ha enfatizado públicamente en diversas ocasiones--, se trata de una firma subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). O sea, que el aspirante republicano dijo la verdad. Pero al mismo tiempo hay un aspecto ideológico y ético que queda sin respuesta. ¿Cómo es posible que alguien con las credenciales republicanas de Giuliani haya tenido algún tipo de vínculo económico con el gobierno de Chávez? Hay otra pregunta que no se le formuló a Giuliani en esta visita a Miami. Es muy posible que surja en cualquier momento: su opinión sobre Luis Posada Carriles. Cuando estuvo al frente de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la oficina de Giuliani hizo titulares en la prensa por diversos casos, desde la persecución de los supuestos ''padrinos'' de las cinco familias mafiosas de Nueva York a la destrucción de la red de narcotraficantes en el caso llamado ''Pizza Connection'', a quienes se acusó por introducir en Estados Unidos heroína por valor de $1,650 millones. También por el encausamiento y prisión de Eduardo Arocena, dirigente del grupo terrorista Omega 7. Arocena fue acusado de confabularse para dar muerte a un diplomático cubano, así como por su participación en atentados dinamiteros en Miami y Manhattan. Fue sentenciado a cadena perpetua más 35 años de prisión, a lo que luego se agregó otra sentencia de 20 años. Entre sus cargos estaba uno de conspiración para la fabricación de armas ilegales y 22 cargos de posesión de dichas armas, así como uno de conspiración para construir bombas y 23 cargos relacionados con explosivos o la colocación de explosivos. Esa visión de Arocena como un terrorista peligroso no es compartida en el sector exiliado más comprometido con la llamada ''línea dura''. De hecho, su liberación es un reclamo constante, aunque hasta el momento sin consecuencia alguna. La condena de Arocena no fue un caso aislado. No sólo hay otros exiliados que participaron en actividades similares que también cumplen o han cumplido sentencias diversas. Aunque al parecer la política de sabotajes y actos de violencia ha sido abandonada en la práctica por la mayor parte de las organizaciones exiliadas, no ocurre lo mismo con respecto a la forma de considerar a combatientes, cuyas actividades en el pasado serían estimadas ahora como actos de terrorismo. De esta forma, la distinción entre ''patriota'' y ''terrorista'' obedece a criterios ideológicos. Por otra parte, aunque la mayoría de los atentados personales y con bombas ocurrieron décadas atrás, no todas las acciones violentas de estas personas se llevaron a cabo en un pasado relativamente lejano y algunas son aún casos pendientes en la justicia. Aunque con las diferencias evidentes en hechos, circunstancias y casos específicos, nada separa en estrategias, tácticas de lucha y principios, las acciones de Arocena respecto a otras llevadas a cabo por Posada Carriles y el resto de los exiliados condenados y amnistiados en Panamá. Desde el punto de vista ético, el ex fiscal Giuliani debe rechazar toda acción que en la actualidad se considere un acto de terrorismo. Más todavía si se toma en consideración que se convirtió en una figura emblemática del coraje y resistencia de la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Espero por lo tanto que en un futuro no muy lejano Giuliani, quien aspira a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos, responda a esta pregunta: ¿Qué opina sobre las acciones de Luis Posada Carriles y sus asociados? aarmengol@herald.com
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